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Declaración en el marco del lanzamiento del Tercer Congreso Nacional de Educación.

A finales de 2016 la Comisión Coordinadora del Sistema de Educación Pública, encabezada por el Ministerio de Educación y Cultura, realizó el lanzamiento del 3° Congreso Nacional de Educación a realizar durante el 2017, y a los efectos de organizarlo, se convocó a la Comisión Organizadora del CNE.

Los ejes planteados para este tercer Congreso serán: “Educación para todos en todo el país”. En donde se plantea discutir cómo lograr una mayor coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública; “Universalización y calidad de la educación” en donde debatir acerca de una Educación para todos , “para que todos aprendan lo necesario para la sociedad de este siglo”; “Educación, diversidad, y diversificación”; y “Desafíos de la educación”, buscando poner en debate “propuestas que respondan a lo nuevo”, a partir de la necesidad de que programas, planes y titulaciones estén en consonancia con lo que el país necesita en materia de conocimiento.

Edith Moraes, Ministra interina, recalcó que la actual Ley de Educación 18.437 determina el carácter asesor y consultivo del Congreso, y agregó que con este congreso “no queremos más diagnósticos, queremos prospectiva, la voz de lo que la gente quiere que se haga.”

Frente a estos planteos, desde el Frente de Participación Estudiantil entendemos necesario hacer algunas valoraciones al respecto.

El primer Congreso Nacional de Educación, conocido como Congreso Julio Castro, se realizó en 2006, a dos años de que el Frente Amplio asumiera el Gobierno Nacional, con el objetivo de generar una instancia de participación democrática de toda la ciudadanía, en todo el país, a partir de la cual recabar insumos que permitieran elaborar una nueva Ley de Educación de acuerdo a un modelo educativo que por primera vez, y gracias a la lucha de todos sus protagonistas, respondiera a los intereses y necesidades del pueblo Uruguayo,a partir de un diagnóstico del que formaran parte los verdaderos actores del proceso educativo.

Este congreso se llevó a cabo durante todo el 2006, habiéndose registrado actas de más de 700 asambleas territoriales realizadas con participación directa de docentes, estudiantes, familiares, y la ciudadanía toda. Participaron tanto colectivos, organizaciones, gremios, sindicatos, organizados, así como personas a título individual interesadas en participar de los diversos debates.

Este Congreso fue un espacio de diálogo plural, amplio, democrático, que dentro de sus resoluciones vió plasmadas reivindicaciones y reclamos históricos del pueblo, como ser la defensa a los principios de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, universalidad, participación, integralidad, autonomía y cogobierno para toda la Educación Pública, definiendo así a la Educación como un derecho humano inalienable, que debe ser garantizado por el Estado.

Entre algunos de los fines de la Educación planteados por las resoluciones del Congreso se encuentran formar personas con plena realización de sus potencialidades, libres, de espíritu reflexivo, capaces de comprender la realidad y de construir alternativas de vida digna, justa y solidaria, apuntando a su inclusión responsable en la comunidad nacional y mundial.

Se plantea como objetivo fundamental universalizar y democratizar el acceso y la producción del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario. Para esto es imprescindible un sistema nacional de educación pública, estatal, autónomo y cogobernado, que sea capaz de concretar estos principios y fines.

Se plantea además que la educación debe ser concebida como una política de estado, y como tal el presupuesto que se le asigne no debe ser menor al 6% del PBI, de manera de garantizar su calidad.

El Congreso Julio Castro avanzó en un diagnóstico sobre la realidad de la Educación Pública Uruguaya y sus principales necesidades, así como en las estrategias que permitan mejorarla sustancialmente, con propuestas concretas de mejoras en las políticas educativas, en las instituciones, en la coordinación de las mismas.

Sin embargo, el gobierno a la hora de plantear la Ley General de Educación n° 18.437, no solamente desconoce el debate y las propuestas emanadas de una instancia en la que participó el Pueblo Uruguayo, sino que consolida aspectos retrógrados.

Los objetivos y lineamientos planteados por la sociedad en su conjunto para nuestro sistema Educativo, se vieron truncados por la falta de voluntad política para realizar los cambios necesarios que el sistema educativo necesita, consolidando un sistema educativo con problemas estructurales, dependiente del sistema político económica, política y académicamente.

Con esta ley se consolida la dependencia política de la ANEP con el gobierno, se niega el cogobierno en todos los niveles y se sigue postergando una verdadera coordinación de todos los entes educativos entre sí. En una palabra se mantiene la estructura del sistema educativo, sin avanzar en las reivindicaciones históricas del pueblo uruguayo y expresados históricamente por los gremios de la educación.

En este marco, tras la gran desmovilización que tuvo como consecuencia el accionar del gobierno, en 2013 se plantea el Segundo Congreso de Educación “Reyna Reyes”. Ante la falta de credibilidad del Congreso como herramienta de incidencia real dentro de la Política Educativa, y del desinterés de gran parte de la población que participó en 2006 y vió cómo el gobierno ignoraba sus propuestas, el 2° Congreso a pesar de su magra participación, vuelve a ratificar -en líneas generales y con muchos eclecticismos- las resoluciones emanadas del 1° Congreso Julio Castro, reivindicando los principios de autonomía, cogobierno, gratuidad, libre acceso para toda la Educación Pública, y a exigir un presupuesto no menor al 6% del PBI para ANEP y UDELAR.

Tras este Segundo Congreso, el Gobierno decidió desoír nuevamente los planteos populares en materia Educativa, manteniendo una Política obsecuente a la demanda de actores como las calificadoras de riesgo entre otros, que son los que vienen digitando qué se hace con la educación en nuestro país.

En este marco, consideramos que lo que fue una herramienta popular de debate y propuesta democrático con el Primer Congreso, se ha transformado en un elemento de legitimación de la actual política educativa del gobierno, sin incidencia en la política Educativa por parte del pueblo uruguayo.

El pueblo ya se expidió sobre lo que quiere de la Educación Pública de nuestro país, así como del rol que le toca al Gobierno de generar las políticas adecuadas a estos planteos realizados ya en 2006.

Si el gobierno quiere diagnósticos sobre la realidad educativa, si quiere propuestas sobre qué hacer con la Educación hoy, puede volver a las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”, legitimado por miles de uruguayos, y así cumplir con su deber de representar la voluntad popular expresada en esas resoluciones.

No es menor además, que esta instancia se tira en un año donde en los hechos se vuelve a discutir el presupuesto, teniendo el III Congreso de Educación el objetivo de entretener y desviar la atención de los sindicatos y gremios de la educación de donde deberían estar: defendiendo el presupuesto para la educación pública.

Por estas razones, es que desde el FPE Susana Pintos, expresamos nuestro rechazo a participar de un ámbito legitimador de la política del gobierno en materia educativa y con un objetivo diversionista hacia el movimiento popular.  Llamamos a los demás colectivos, organizaciones, gremios, a no participar en este Tercer Congreso de Educación.

Creemos que el pueblo debe seguir debatiendo sobre qué educación para qué país, pero no en el marco de actividades institucionales ni oficiales del gobierno, sino en instancias propias, que nos permitan seguir avanzando en un programa popular, y darnos las herramientas necesarias para luchar por el mismo.

En defensa de la educación pública, todos a la calle a pelear por el 6% para ANEP-UDELAR

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