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Posicionamiento del Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos con respecto al Decreto emitido por el Presidente Tabaré Vázquez el día 21 de marzo de 2017

El reciente decreto faculta al Ministerio del Interior a “tomar las medidas pertinentes a fin de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras”, con el fin de “garantizar el derecho a la libre circulación, orden público y tranquilidad”. Se exceptúa de la norma, a las actividades en el marco de una huelga.

Pero, ¿qué pasa con todas las otras manifestaciones de desaprobación frente a medidas del gobierno, de los patrones, o incluso de otros ciudadanos? ¿Por qué en un gobierno que se dice de izquierda, pesa menos el derecho a manifestarse, que cualquier otro?

Este hecho no es aislado, sino que configura un escenario de criminalización de la protesta social, que se va gestando a lo largo de los años.

Las muestras más recientes, si nos restringimos a la década progresista, muestran un decreto del gobierno de Mujica que impedía la ocupación de edificios públicos por parte de manifestantes (la cual enmarca la desocupación a través de la fuerza policial del CODICEN repudiada por todo el movimiento estudiantil), el injustificable decreto de esencialidad a la educación del año 2015, la esencialidad al servicio de cocina del Hospital Pereira Rossell (a pesar de que no se veían afectada la alimentación de los pacientes), para terminar hace apenas un mes en el decreto de esencialidad al Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

Todos estos decretos fueron en respuesta a la lucha de los trabajadores por mejoras en las condiciones laborales así como en los salarios.

Es decir, el gobierno amparado en sus objetivos macroeconómicos, castiga a los trabajadores uruguayos a través de su salario directo (desindexación, aumento por debajo de la inflación) pero también del indirecto, destinando menos presupuesto nacional a los servicios públicos como son Salud y Educación (menor asignación, avance de privatizaciones). Pero luego necesita este tipo de medidas legales para contener la lucha social que se desprende de las medidas mencionadas anteriormente.

El gobierno se muestra apático a los reclamos de los trabajadores, y prefiere optar por el escarmiento y la criminalización. Se teje un escenario complejo para la lucha social en los próximos meses.

Debemos organizarnos más fuertemente para combatir este ataque y redoblar la lucha. Allí estamos, junto a los militantes consecuentes, firmes para torcer el brazo de este gobierno enemigo del pueblo.

¡Seguiremos en las calles proponiendo y protestando, luchando y resistiendo las políticas que reprimen la lucha y la protesta popular!

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