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La “paz sindical” y el decreto “anti-piquetes”

El gobierno se encuentra empantanado en una política económica sin salida. El contexto internacional complicado, o por lo menos, no tan alentador como el de la pasada década, la entrega de la estructura productiva del país a los grandes monopolios, tienen como consecuencia una pérdida de soberanía que deja poco margen para incidir en los destinos de la nación.

¿Podíamos esperar otro resultado de las políticas liberales que vienen del Fondo Monetario? Varios actores han optado por aggiornarse a la rosca sin salida de la deuda externa y las IED. Vemos como representantes sindicales se van de gira con políticos y empresarios para buscar captar inversiones, con el argumento de que sin la misma no hay empleo. Plantean al mismo tiempo un discurso de la defensa de las prebendas al capital, porque al fin y al cabo, si se van,  gente se queda sin trabajar. Pareciera que estamos en una situación económica sin salida, y el único planteo “realista” y “serio” ante la misma, parece ser un discurso claudicante que acepta el chantaje del capital.

El descenso del flujo de las inversiones extranjeras a casi la mitad del promedio del período 2010 – 2015, el incremento del retiro de utilidades del capital extranjero que llegan en el 2015 a 1.380 millones de USD y el incremento de pago de intereses de deuda externa que alcanzaron en el mismo año 962 millones de USD, generan un problema contable en la balanza de pagos.

La dependencia que existe del flujo de las inversiones extranjeras “ata de pies y manos” la política del gobierno a las “sugerencias” del FMI y las calificadoras de riesgo, cuyas recomendaciones se convierten en imposiciones. Siguiendo las mismas, por un lado se busca reducir el déficit fiscal de 4% a 2,5%, que al no cambiar la política impositiva de exenciones al capital y cumpliendo los compromisos con los acreedores de la deuda del país sin cuestionamiento, sólo tiene un camino: el recorte del gasto social. Por otro, se promueve la necesidad de reducir la inflación, como herramienta para reducir la indexación retrospectiva de los sueldos y crear condiciones óptimas para los negocios bancarios.

Todos estos elementos cuajan en la desesperación del gobierno por la instalación de la segunda planta de UPM como única salida para llegar a las elecciones del 2019 con guarismos algo positivos, incluso ya se han hecho proyecciones del crecimiento del PBI con la perspectiva de la instalación de la misma para el 2018 y 2019, llegando al 3% y 4% respectivamente. Pero todo esto tiene un costo, los grandes monopolios, que se paran como “amos y señores” de estas tierras y que tienen a un gobierno que responde a sus intereses, ponen requerimientos para explotar nuestros recursos en beneficio de su lucro. En el caso de UPM, que plantea una inversión que se valora en los 4.000 millones de USD, la misma pone como condición: una inversión de 1.000 millones por parte del gobierno en infraestructura (que ya se adelantó se va a hacer por el mecanismo PPP), la concesión del régimen de zona franca para la planta y “paz sindical”.

En la línea de esto último es que hay que valorar el decreto llamado “anti-piquetes”, el cual viene a asegurar que no se van a repetir las distintas huelgas y medidas que llevaron adelante los trabajadores de la primera planta de UPM, y que la dirigencia del SUNCA no pudo controlar. Es un decreto hecho para responder las exigencias que viene planteando la empresa finlandesa.

Son irónicas las declaraciones de la ministra “comunista” comparando la situación actual -que según dice hace necesario el decreto-, con las que vivió Chile en el gobierno de la Unidad Popular. Primero el decreto debutó aplicándose contra medidas sindicales  que tomaron los trabajadores del SUTCRA en Colonia pero se dejó libertad a los gremios patronales de los camioneros que impulsaron medidas de presión en Rocha. En segunda instancia, el modelo impulsado por el Frente Amplio en Uruguay es diametralmente opuesto al impulsado por Allende en Chile en los años 70, si éste tuvo que enfrentar el boicot capitalista, fue porque llevó adelante medidas que afirmaban la soberanía del país, como la nacionalización del cobre.

La instalación de la tercera planta de celulosa, que va a generar extranjerización de tierras productivas y desplazamiento de pequeños productores, instalación que se da además al mismo tiempo que se cierra la papelera Fanapel, dejando trabajadores en la calle de la única empresa que hacía papel en el país, es un hecho que nos hace acordar más a la situación colonial que a un proceso que defienda la soberanía y la independencia: exportamos troncos para importar papel, y le damos gracias a los extranjeros por hacerse ricos a nuestra costa.

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