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Sobre la discusión de la Universidad de la Educación

Junio 2017

Este año se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la creación de una Universidad de la Educación, que contenga a las instituciones que actualmente se encargan de formar educadores (maestros en primaria y primera infancia, profesores, educadores sociales, maestros técnicos).

La necesidad de generar cambios a nivel institucional y organizativo es algo que se viene planteando por diversos actores, gremios y sindicatos de trabajadores, estudiantes organizados, desde hace varios años.

Estos cambios se argumentan desde la necesidad de dotar de una estructura organizativa y académica más adecuada a las instituciones, que permitan un mayor desarrollo disciplinar, así como ampliar las posibilidades de enseñanza e investigación, mejorando la calidad de la formación docente brindada a los estudiantes y futuros profesionales. Este proceso debe llevarse a cabo sin desconocer la necesaria transición de los diversos institutos hasta lograr instituciones de carácter universitario, no solo en su nombre, sino en su contenido académico y desarrollo disciplinar.

Para lograr una verdadera transformación de las instituciones y de la calidad de la enseñanza brindada es necesario permitir a la nueva institucionalidad desarrollarse de acuerdo a la importancia de la tarea que le toca, dirigirse y gobernarse a sí misma, por sus propios actores.

Es fundamental la autonomía del gobierno de turno, que le permita elaborar planes de desarrollo institucional y académico de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, buscando actuar sobre la realidad de la sociedad en que se enmarca su labor, sin injerencia de intereses ajenos al mismo.

Asimismo el cogobierno, es la herramienta que permite el buen ejercicio de la autonomía, de forma que estos planes y políticas universitarias sean definidas por los actores directamente involucrados.

Sin embargo, otros han sido los intereses que han llevado al Parlamento a discutir este tema, demostrados tras numerosos proyectos organizativos y largos debates en búsqueda de acuerdos y mayorías, en donde la calidad de la enseñanza y el derecho de los trabajadores y estudiantes a opinar y decidir sobre su propia institución no fueron aspectos prioritarios.

En este marco, al ponerse otra vez sobre el tapete esta discusión, sin tener en cuenta consensos a los que llegó el pueblo uruguayo en el Primer Congreso de Educación Maestro Julio Castro, y ratificados en el Segundo Congreso Reyna Reyes, queda explícito el interés meramente electoralista del gobierno, que vuelve a dejar afuera a los actores que deberían participar de la discusión.

Sobre el proyecto en discusión

El proyecto actual del Poder Ejecutivo, que en este momento se encuentra a disposición de los diputados del Frente Amplio, es un proyecto simplista. Se crea una estructura vacía en la que casi todo queda “a definir” por el primer Consejo Directivo Central de la futura Universidad, conformado según la propia ley por el Consejo de Formación en Educación en función al momento de su entrada en vigencia.

El Consejo de Formación en Educación (CFE), previsto en la Ley General de Educación Nº18.437 aprobada en 2008 y creado en 2010, tiene como función liderar la transición hacia el carácter universitario de la Institución, y está compuesto por tres consejeros electos por el Codicen, uno por los docentes y otro por los estudiantes, un falso ensayo de cogobierno en donde el consejero estudiantil no tiene ninguna incidencia en las decisiones sino que simplemente legitima la política educativa del Consejo.

El CFE defiende estar llevando adelante un “proceso de transformación curricular, de estructura académica y docente, con la participación de los órdenes”, en el que se circunscribe la creación de carreras como la de Maestro en Primera Infancia, creación que se caracterizó por falta de docentes, centros de práctica y condiciones edilicias dignas. Fue con la lucha de los estudiantes organizados que ocuparon los Institutos Normales que se conquistaron las condiciones mínimas para que la carrera se desarrolle.

De esto sólo se puede concluir en que la toma de decisiones e instrumentación de la Universidad seguirá respondiendo a voluntades políticas que no persiguen la mejora de la Educación como derecho humano fundamental.

La avanzada neoliberal y su vínculo con el resto de la Educación Pública

Desde la década de los 90, nuestro país ha sufrido los ataques neoliberales de diferentes gobiernos, que han buscado poner la educación al servicio del capital y del mercado.

Esto se evidencia no sólo en su conceptualización mercantil, por ejemplo, facilitando la creación de más instituciones educativas privadas de todos los niveles, sino también recortando y vaciando de contenidos las currículas, pauperizando el nivel educativo de nuestro pueblo en todos los niveles, principalmente primaria y secundaria.

Sin embargo esta oleada neoliberal no se terminó en esa década, sino que ha seguido profundizando en todos los niveles educativos y en particular en los gobiernos del Frente Amplio, a través de un discurso disfrazado de izquierda.

El tan escuchado “acceso universal” suena bonito, pero en su aplicación redunda en una rebaja de contenido y exigencias en los distintos niveles, lo que genera estudiantes que saben menos, docentes que evalúan menos, etc. Algunos ejemplos de esto son la eliminación de la repetición para “no frustrar a los alumnos” y la flexibilización extrema del control de asistencias, entre varias otras.

Sin embargo, este proceso mercantilizador no se ha quedado en los primeros niveles educativos, sino que recientemente lo hemos visto aplicado a la interna de la Universidad. La Segunda Reforma Universitaria fue la bandera tras la cual se han introducido diversas medidas de carácter mercantil, como ser la introducción del crédito como unidad de medida del conocimiento en todas las áreas e instituciones universitarias, la política sistemática de recorte de contenidos en los planes de estudios y su consiguiente pasaje a cursos de posgrado pagos, la flexibilización curricular en la que se reduce el peso de los contenidos disciplinares centrales por actividades de campo o interdisciplinarias (sin un sentido académico o disciplinar claro), siguiendo las indicaciones de los organismos de crédito internacionales, a través de las ideas planteadas por el Plan Bolonia.

El énfasis de desarrollar una “educación por competencias”, la idea de “aprender a aprender”, y la idea de que “el estudiante sea quien decida su propia trayectoria”, han sido los eslóganes más populares sobre los cuales se ha basado el discurso de necesidad de cambio y transformación institucional para aggiornarse a una supuesta demanda del “público” que decide seguir estudios universitarios. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la experiencia de la aplicación de estas medidas es que más bien se está poniendo a la educación universitaria en función de los intereses de las grandes empresas multinacionales que buscan mano de obra flexible, más barata y menos capacitada.

La política educativa en Formación en Educación sigue las mismas líneas. La transformación curricular del Plan 2017 (creado a puertas cerradas con la ausencia de los estudiantes y docentes y a implementar en 2018), implica la creditización de las carreras de educación que aún no se rigen por ese sistema (IPA y Magisterio en Primaria) por el cual la trayectoria del estudiante estará compuesta en un 20% de actividades optativas y elegibles, así como la formación de un profesional flexible, adaptable a las condiciones laborales que el Estado o las empresas privadas de la educación determinen.

¿Qué educadores necesitamos?

La formación de los educadores de nuestro país es crucial como garantía de acceso a la educación como derecho humano fundamental. Hoy en día no hay suficientes educadores (en todos los niveles) y su tarea no es correctamente jerarquizada, lo que redunda en un pésimo acceso a la educación para miles de uruguayos.

Necesitamos educadores con capacidad crítica, reflexiva y transformadora, con cultura general y científica, con iniciativa, capaces de colaborar en el entendimiento y la resolución de los problemas de nuestro pueblo.

Los educadores no tienen como fin la contención social, sino que son un factor catalizador de pensamiento entre sus estudiantes. Son los encargados de profundizar en el conocimiento vinculado a educación, investigar, promoviendo su estudio sobre la base de la autonomía científica y cultural, comprometidos éticamente con su trabajo y colaborando activamente al logro de la justicia social en el marco del desarrollo de un Uruguay productivo y soberano.

Jerarquizar la tarea y la formación docente, y en este marco defender la Educación Pública como derecho humano fundamental, es un paso importante de democratización del conocimiento y la cultura hacia la población.

La Formación en Educación que queremos.

Reivindicamos una institución autónoma, independiente del gobierno y del poder político. Que se gobierne a sí misma eligiendo a sus autoridades, que dicte sus propias normas, que defina por sí misma los objetivos e implementación de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Esta autonomía se sostiene en la participación de sus actores, en un sistema de cogobierno real que promueva el debate, la discusión y la búsqueda de acuerdos entre las partes, en todos los niveles de organización de las instituciones.

Exigimos el 6% del PBI para ANEP y UdelaR, para estudiar en condiciones edilicias dignas que aseguren la accesibilidad universal, combatir la masividad, otorgar becas a por lo menos 10% del padrón estudiantil terciario, construcción de comedores y residencias estudiantiles, eliminación de cupos en todas las carreras de la UdelaR y de Formación en Educación, duplicación de turnos e instalación de cupos nocturnos para los estudiantes que trabajan, presupuesto para el reacondicionamiento edilicio del Hospital de Clínicas incluído en el plan de obras universitario.

Entendemos que el 6% del PBI es lo mínimo necesario para cumplir con las exigencias presupuestales que implican la creación de la nueva institución, sin embargo en el anteproyecto del Ejecutivo tiene asignado el presupuesto que actualmente recibe el CFE. Si lo que se pretende es desarrollar la investigación y extensión universitarias, así como mejorar la enseñanza, es indispensable un aumento significativo de este presupuesto, que al día de hoy mantiene las carreras de Formación en Educación en condiciones deplorables.

Este año clave en el que se asignará el presupuesto de la Educación Pública para los próximos 3 años y entrará al Parlamento el proyecto de ley de la Universidad de la Educación, nos encontrará defendiendo nuestras justas reivindicaciones en las aulas y en las calles, donde junto al resto del movimiento popular buscaremos que la voluntad del pueblo prime sobre las de los partidos políticos y el capital.

¡Luchemos por una Educación Pública de cara al pueblo, autónoma, cogobernada, digna y de calidad!

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