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Un decreto que censura las investigaciones medioambientales en Uruguay

El pasado 4 de mayo se publica en el Diario Oficial el decreto 115/018 con la firma del Presidente Tabaré Vázquez y los titulares de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca , de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El mismo reglamenta la Ley de Recursos Hidrobiológicos aprobada a fines del año 2013.

Con esta reglamentación se coloca a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como el organismo encargado de la autorización de los permisos para la pesca de investigación con fines científicos y docentes, lo cual afecta directamente a las actividades de la Universidad de la República. Además «Los resultados y datos obtenidos en lo que respecta a las competencias de Dirección Nacional de Recursos Acuáticos deberán ser puestos a disposición de este organismo antes de su utilización o divulgación en cualquier medio» (Artículo 48).

Con esto no solo se le exige a la Universidad la autorización expresa de la DINARA para la realización de investigaciones sino que también le prohíbe divulgar los resultados de las mismas sin el permiso correspondiente de dicho organismo.

La Ley Orgánica de la Universidad plantea que «(…) Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública (…)» (Artículo 2) y que «La Universidad se desenvolverá, en todos los aspectos de su actividad, con la más amplia autonomía» (Artículo 5).

Entendemos que la autonomía universitaria es una conquista del pueblo uruguayo que le permite ser a la UdelaR una herramienta independiente del poder político para la defensa de nuestros derechos. Particularmente, la autonomía en materia de investigación, le debe permitir a la UdelaR mantener una visión crítica sobre las distintas políticas de estado que puedan afectar la vida del conjunto de la población. En lo que respecta a las políticas medioambientales esta herramienta se vuelve clave en una coyuntura donde el gobierno avanza en la venta de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía al gran capital. Tanto la instalación de una nueva planta de celulosa como la aprobación reciente de la ley de riego nos demuestran que el agua (recurso natural esencial para la vida humana y la producción) corre un alto riesgo de contaminación. Con este decreto se logra sacar del debate público a nuestra universidad y a sus investigadores para propender a la comprensión pública de estos problemas con el objetivo de allanar el terreno para el avance del capital que no dudará en contaminar si con esto aumenta su margen de ganancia.

Esta censura autoritaria se debe enmarcar correctamente en la política general de ajuste sobre la clase trabajadora. Que mientras se niegan recursos para las necesidades básicas de la población, como salud, vivienda y educación, se promueven en todo sentido políticas que benefician a las empresas transnacionales que vienen a invertir en nuestro país, a sabiendas también de que el costo ambiental lo pagarán los sectores populares viendo reducida su calidad de vida. En este marco también se encuentra el decreto aprobado en marzo de 2017 con el objetivo de «preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza» buscando garantizar la «paz social» para las inversiones a través de medidas represivas.

En este sentido respaldamos la iniciativa de los 15 docentes de la Facultad de Ciencias que presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo solicitando la revocación del decreto y la inmediata suspensión de su ejecución y promoveremos el posicionamiento público de nuestra Universidad en contra de este decreto.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones del campo popular a posicionarse contra el avance del autoritarismo y defender nuestro derecho a la protesta tanto en las calles con nuestras múltiples expresiones de manifestación, como también la protesta desde la academia investigando independientemente del gobierno y que el conocimiento científico sea una herramienta de transformación y no de dominación.

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