El avance represivo del Estado y el movimiento que lo ampara

El avance represivo del Estado y el movimiento que lo ampara

Este año estará enmarcado por el debate del plebiscito de reforma constitucional propuesto por el senador Larrañaga. Esto coloca algunos elementos que nosotros, como parte del movimiento estudiantil y el movimiento social, tenemos que analizar y estudiar.

La participación de nuestra militancia en la campaña para evitar que se lleve adelante esta reforma constitucional es de principio. Hemos establecido como eje central del trabajo del año 2019 la crítica contra la represión institucional y este plebiscito es una instancia clave para llevarlo adelante. También es claro que la participación no debe ser neutral o acrítica de las circunstancias concretas e históricas que nos preceden y nos colocan en esta situación.

Por eso, y como un primer puntapié para abrir el debate y colocar posiciones sobre la mesa, es que este artículo pretende abordar el tema saliendo de los lugares comunes y analizar más profundamente las consecuencias y las causas.

El Estado, a grandes rasgos juega un rol de pacificador y limador de asperezas originadas por los conflictos dados en una sociedad. Si entendemos que nuestra sociedad está dividida en clases sociales eso significa que justamente los conflictos y problemas principales vendrán de las contradicciones en los intereses de éstas. Particularmente, pacificar los conflictos en una sociedad donde una clase oprime a otra es generar un clima pacífico para la opresión. Por eso, el Estado es una herramienta indispensable para garantizar dicha opresión, o en otras palabras: una herramienta de opresión de una clase sobre otra. Su principal elemento para llevar adelante su tarea es el monopolio de la fuerza y el poder represivo. Teniendo bajo su control a los únicos cuerpos entrenados y equipados capaces de efectivamente luchar en un conflicto (militares y policía). Cualquier avance en el poder represivo del Estado es un avance en el poder de opresión de las clases dominantes y un obstáculo más a superar en el intento de cualquier transformación profunda.

La seguridad es la problemática que más preocupa a los uruguayos  según Latinobarómetro 2018. Se viene registrando un aumento sostenido de los delitos violentos como rapiñas y homicidios en la última década. Debemos entender que esta problemática afecta sobre todo a la población trabajadora y más vulnerable, aquellos que no pueden acceder a sistemas de seguridad o vivir en barrios con seguridad privada, y además es a la población trabajadora y los pequeños comerciantes quienes en términos de proporción se les hace perder más en cualquier delito contra la propiedad.

La campaña de “Vivir sin miedo” viene a trazar un camino que es más de lo mismo que se viene aplicando en los últimos años, entender esto es fundamental. La reforma constitucional quiere crear un nuevo cuerpo para la seguridad interna llamado “Guardia Nacional” conformado por militares y en la órbita del Ministerio de Defensa y tendrá coordinación operativa con el Ministerio del Interior que es hoy encargado de la policía, además coloca a nivel constitucional la posibilidad de la cadena perpetua y habilitar los allanamientos nocturnos con la única discrecionalidad de un juez. Todos estos elementos, de modificarse la constitución, implican un profundo avance en la capacidad de represión del Estado y un resultado favorable del plebiscito reflejaría un sentir favorable de la ciudadanía hacia el mismo.

Una pregunta crucial a hacerse es ¿por qué se llega a este punto? Y ¿por qué existe una enorme expectativa de que este plebiscito sea afirmativo para la reforma? Esto podemos intentar responder con dos razones: la primera es el fracaso de todos los gobiernos desde hace décadas en atender el problema de la inseguridad, particularmente la incapacidad del gobierno frenteamplista de aplicar una política de seguridad que permitiera avances reales; la segunda es un poco más compleja, pero es central reflexionarla y tiene que ver con cuáles han sido las medidas concretas de seguridad tomadas en los últimos tiempos y como se ha manejado el discurso político en función a las mismas. Desde el año 95 con la Ley de Seguridad Ciudadana el adelante la única respuesta de los gobiernos que han tomado la gestión del estado al problema de la inseguridad ha sido el aumento de penas y población carcelaria, el aumento presupuestal, técnico y humano de los cuerpos encargados para la seguridad así como también su tecnificación y especialización. Los gobiernos frenteamplistas que se embanderan con una transformación de la sociedad y de la mano a ello con una política de seguridad alternativa a la hegemónica han sido de los principales cómplices del avance del poder punitivo del Estado en los últimos años, pero con el agregado de que en el camino dejan al movimiento social cada vez más desarmado y desorientado para enfrentarlo.

La política de seguridad tomada del 2010 en adelante es la política expresada en el “Documento de Consenso” que es una expresión de lineamientos hacia la seguridad pública firmado en acuerdo por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento (FA, PN, PC y PI), no hay una diferencia programática real entre el FA y los partidos tradicionales de cara a la seguridad pública pero sí una profunda diferencia discursiva lo que quiere decir que uno de los dos sectores con su discurso miente.

El progresismo y sus sectores más posmodernos se han encargado de desarrollar, sobre todo desde las Ciencias Sociales, un sinfín de argumentos para justificar el camino tomado y pretender una separación con la política de seguridad de los partidos tradicionales. Sin embargo en el camino, al pueblo, se le deja una Guardia Republicana creada en el 2010, que consagra como nunca antes el poder de fuego de la policía, se lo deja con un aparato legal que cada vez apunta a encerrar más temprano y por más tiempo a quienes cometen delitos. Se ignora el mandato popular del plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad en el 2014 y se utilizan las mayorías parlamentarias para avanzar en la prisión preventiva y el mantenimiento de antecedentes (Ley 19.551 2017).

El progresismo desde la conducción de muchos movimientos sociales ha elegido ignorar todo esto y mantener un clima de paz. Ha tomado el discurso construido como propio y al final del día ha sido cómplice de que nos encontremos en la situación que estamos. Para la población en general no es un gran cambio que existan militares en la calle y que se lleve cada vez más gente presa y lamentablemente toda capacidad de organización, lucha y resistencia se encuentra totalmente mermada por la complicidad de las direcciones oficialistas y la inacción que se ha fomentado en las masas.

Este año es un momento para militar contra la represión, pero también para reflexionar de qué construimos en el camino. Si al final la síntesis del movimiento antirepresivo es la construcción de referentes políticos que luego son cómplices dentro del Estado del aumento de las políticas que cuestionamos y no se avanza en el grado de conciencia de la gente de lo que está sucediendo, entonces estaremos sentenciados a que se siga repitiendo esta historia de falsas dicotomías entre partidos que defienden un mismo programa con pequeños matices. Debemos ser claros y plantear una ruptura con el oficialismo en esto, esta reforma es seguir avanzando en más de lo mismo, es seguir avanzando en las políticas que han fracasado en combatir la inseguridad pero que han sido exitosas en que cada vez existan mejores condiciones para la represión de cualquier manifestación popular de cambio.

 

Contra la represión: lucha, organización y conciencia.

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