¿Hasta cuándo el silencio? Sobre el pacto de impunidad en nuestro país

¿Hasta cuándo el silencio? Sobre el pacto de impunidad en nuestro país

La impunidad hace referencia a la política de Estado que le impide al pueblo uruguayo juzgar a quienes cometieron o fueron cómplices de crímenes contra las organizaciones políticas y sociales que se plantearon enfrentar el modelo económico que hasta el día de hoy sigue vigente, en el marco de las medidas prontas de seguridad de Pacheco Areco y de la dictadura cívico militar. La importancia del debate en torno a esto es estratégica para el movimiento popular, no solo por la necesidad concreta de hacer justicia, sino porque el estado de situación representa un panorama del alcance que tienen al día de hoy los intereses que gestan el ascenso del Ejército al control del Estado y la complicidad de un conjunto de actores y organizaciones políticas. En este artículo pretendemos interpelar a la situación actual y hacer un llamado al debate respecto al camino que debe tomar el movimiento popular para garantizar de una vez por todas verdad y justicia.

Desde el año 1955 se concreta una crisis económica en nuestro país que conlleva a un aumento en la tensión social. El Estado, en su rol de herramienta para perpetrar la dominación de una clase sobre otra, aplica el peso de la crisis sobre los trabajadores llevando adelante políticas impulsadas por el FMI como la congelación de salarios. Estos años fueron enmarcados por un aumento en la sindicalización, la elevación del nivel político de los reclamos de los trabajadores organizados, el endurecimiento y la radicalización de las medidas de lucha y la creación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) como expresión de la unidad sindical y del avance programático de las luchas.

Ante estos nuevos niveles de organización de los trabajadores las clases dominantes contestan con las Medidas Prontas de Seguridad del gobierno de Pacheco Areco (1967-1972), incrementando sustancialmente el conflicto social y la represión institucional contra las manifestaciones populares. Es efectivamente en el marco de estas medidas que asesinan cruelmente a Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos, entre otros. El golpe de Estado fue dado el 27 de junio de 1973 por el presidente en funciones Julio María Bordaberry disolviendo las cámaras del parlamento.

Las conclusiones necesarias a destacar del proceso previo refieren a los intereses representados en el recrudecimiento del poder represivo del Estado llegando al punto de la toma del control del mismo por parte del Ejército. Estos fenómenos se dan en un escenario de organización y combatividad popular ascendente que comenzaba a representar un efectivo peligro para los intereses de la oligarquía y la burguesía local. El objetivo de la dictadura, fue entonces, la de garantizar la explotación del pueblo uruguayo en un escenario económico desfavorable y desarmar y desarticular al movimiento popular.

La misma madrugada que se desarrolla el golpe de Estado comienza la huelga general más larga de la historia de nuestro país. Durante los primeros días se mantuvieron bajo control obrero la generación de energía eléctrica y la distribución de combustible. El 30 de junio comienza la ofensiva contra el desarrollo de la huelga llevando a cabo operativos de desalojo contra la ocupaciones. Según el documento conocido como «de las tres F»: «El trato represivo alcanza una violencia extrema, sin lograr el ablande de los trabajadores y militantes que reocuparon sus fábricas». Lo que demostraba también el grado de organización y compromiso planteado por la clase obrera en resistencia.

El proceso de dictadura cívico militar le deja como saldo al pueblo uruguayo aproximadamente 197 desaparecidos de los cuales de la gran mayoría se desconoce el paradero. En el marco de la misma existieron centros de detención clandestinos donde se asesinó y torturó a militantes sociales sobre todo cercanos a la izquierda. Además de existir coordinación entre el resto de los gobiernos dictatoriales del continente para lograr de la mejor manera posible la desaparición forzada de personas, a través del Plan Cóndor.

La salida democrática del régimen dictatorial se pacta en 1984 en el llamado Pacto del Club Naval, en reuniones secretas llevadas a cabo entre representantes del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio, dado que el Partido Nacional decidió no sentarse a negociar mientras existieran proscritos. En dicho pacto se acuerda llamar a elecciones para noviembre de ese año donde es electo Julio María Sanguinetti, quien bajo su gobierno aprobaría la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Esta ley entre otras cosas sienta las bases de la impunidad en nuestro país al declarar caduco el  «ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto». Esto imposibilitó durante años siquiera la investigación de lo ocurrido en torno a torturas, desapariciones y otros crímenes cometidos así como juzgar a quienes los llevaron a cabo.  No es hasta el año 2000 durante el gobierno de Jorge Batlle que se da alguna señal en el sentido de recabar datos e investigar al respecto, con la creación de la llamada «Comisión para la Paz» integrada por representantes de los partidos tradicionales, el Frente Amplio, el Arzobispo de Montevideo y José D’elía. Esta comisión elabora un informe y lo presenta al Poder Ejecutivo en 2003 que lo aprueba bajo la mirada crítica de muchas organizaciones sociales respecto a por ejemplo la existencia de la «Operación zanahoria» y qué víctimas estaban involucradas (versión militar respecto a ciertas muertes del período que zanjaba la posibilidad de encontrar sus restos).

A partir de la asunción del Frente Amplio al gobierno en 2005, se plantea un compromiso con la búsqueda de verdad y justicia, y se inician acciones en tal sentido, bajo la mirada esperanzada del pueblo uruguayo que en su mayoría creyó estar asistiendo al fin de la impunidad en nuestro país.

Discursivamente el Frente Amplio ha tomado como bandera propia la pelea por verdad y justicia pero sin embargo no ha levantado las trabas institucionales que existen en la búsqueda de desaparecidos sino que más bien las ha perpetuado y renovado. Haciendo un balance, los avances específicos en búsquedas parecen en algunos puntos de carácter cosmético en tanto no se ataca de raíz el problema. En primer lugar, la vigencia de la ya mencionada Ley de Caducidad, perpetúa el marco legal de la impunidad, y teniendo la mayoría parlamentaria para derogarla, no se hace. Tras haber perdido en 2009 el plebiscito para su derogación, se impulsa en 2010 la aprobación de una Ley interpretativa de la Ley de Caducidad, no sin grandes discrepancias internas al respecto que fueron de público conocimiento, y la cual termina siendo declarada inconstitucional por la suprema corte de justicia en 2013, hecho que no tuvo una fuerte respuesta en contra ni por parte de la propia fuerza política ni del movimiento social en general.

Por si esto fuera poco, no existe en la actualidad por parte del Estado un lugar donde esté centralizada la información respecto a las denuncias de crímenes de lesa humanidad, el avance de las causas, y se asesore jurídicamente a los denunciantes. Este vacío histórico del Estado Uruguayo perpetuado por todos los gobiernos que han sido parte, incluyendo al propio Frente Amplio, fue llenado por diversas organizaciones sociales de víctimas, familiares y variados actores del campo popular. Un claro ejemplo de ello es la creación y evolución histórica del Observatorio Luz Ibarburu (creado por el PIT CNT, Crysol, Madres y Familiares, apoyado por la FEUU entre otros), que surge para dar seguimiento al caso Gelman y se convierte en los hechos en auspiciante de diversas causas al punto de formar su propio equipo jurídico. Desde allí se hacen diversas denuncias, desde un gran secretismo en el acceso a la información de los casos que la justicia va procesando, hasta falta de voluntad política de atender las necesidad del sistema para el tratamiento de estos temas. Tras un año de solicitarlo se crea el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado que funciona en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, no cuenta con personal adecuado y está desaprovechada en su rol de auxiliar de la justicia, a las vez que las unidades de apoyo a las fiscalías fueron creadas cuatro años más tarde de lo Indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En números concretos y de acuerdo al último informe publicado por el Observatorio en 2017, hubo 42 procesamientos en 22 expedientes, 13 expedientes alcanzaron condena, de las 20 personas condenadas,  1 cumplió condena, 3 fallecieron y 16 siguen detenidos, 6 en prisión domiciliaria y 10 en prisión efectiva. Del total de procesamientos, sólo 3 siguen en trámite de investigación, 7 fueron revocados y 5 procesados fallecieron antes de llegar a una sentencia definitiva.

A 34 años del fin de la dictadura cívico militar vemos que los intereses que le dieron ascenso a una de las formas más crueles que puede tomar el Estado siguen presentes y protegiendo a quienes fueron sus agentes. La búsqueda de verdad y justicia no debe ser una una consigna vacía perpetrada en el tiempo a modo de tradición. Debe ser parte del eje central de la lucha del movimiento popular y debe darse desde el reconocimiento de quienes forman parte del pacto de impunidad en nuestro país. Solo desenmascarando a los verdaderos responsables de la impunidad de ayer y hoy es posible obtener avances verdaderos. El movimiento popular tiene derecho a la justicia, no únicamente a modo de condena a los crímenes ya cometidos, sino también buscando que no vuelva a ocurrir. Ya que si la impunidad se mantiene hasta el día de hoy quiere decir que los intereses de quienes formaron parte y se beneficiaron con la dictadura siguen conduciendo el Estado.

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