La política del grillete

La política del grillete

Sobre la propuesta de baja de edad de imputabilidad penal

Actualmente se percibe en el imaginario colectivo que la represión y el endurecimiento de las penas son el camino más corto y efectivo para solucionar los problemas de seguridad. Pocos visualizan las estructuras sociales que subyacen esta realidad, y muchos ven el origen de los problemas en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, reproduciendo la estigmatización y la marginación día tras día.graffiti_edad_imputabilidad La violencia protagonizada por adolescentes suele visualizarse en los sectores de pobreza y exclusión, y en los sistemas neoliberales se asocia a la falta de atención a la infancia y la adolescencia. Nosotros creemos que debe hablarse de políticas de protección a los niños y adolescentes y no de más castigo.
La propuesta de reforma constitucional no soluciona el problema de la seguridad. Esto es fácil de constatar con las cifras del departamento de estadística del Poder Judicial que muestran que sólo el 6,4% de los asuntos penales iniciados correspondieron a la Justicia penal juvenil.

El debate sobre la edad de imputabilidad debe abordarse desde la responsabilidad del Estado, que tiene que fortalecer las instituciones para proteger a los niños y adolescentes de las causas sociales del delito.

También debe incorporarse en el análisis el hecho que la adolescencia es el período de reafirmación de la identidad, por lo cual los efectos que la prisión puede causar en lo inmediato y en el futuro desarrollo de los adolescentes son particularmente devastadores.

En lugar de apostar a la resocialización, se lo expone a la socialización de la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y al aumento del desarraigo familiar y comunitario.

¿Y qué implica ir preso?

El ingreso de una persona en prisión supone su aislamiento afectivo y social, conlleva la pérdida de roles sexuales, familiares y sociales, a la vez que produce un deterioro de su propia identidad y autoestima. Su comportamiento es supervisado continuamente por los funcionarios de la prisión y corregido por un sistema de normas formales que le exigen una subordinación. Como consecuencia se desarrolla un código de normas y valores que va en en contrapelo de los fines oficialmente declarados por la institución, de hecho el Art. 26 de la Constitución dice: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.”

En el sistema social carcelario hay pocos roles y status, y una vez asignados, son mantenidos con una gran presión grupal. En la posición de líder se encuentran los internos con larga experiencia criminal y penitenciaria que cumplen largas condenas por delitos violentos. Estos líderes se sienten expulsados por la sociedad, optando de esta manera por la delincuencia como forma de vida conscientemente elegida.Otra característica importante en la vida en la prisión es la utilización del tiempo y del espacio, aspectos que caracterizan a toda institución total.

En las cárceles uruguayas casi nunca hay algo por hacer, y no solo eso, el recluso tampoco puede planificar su tiempo. La importancia otorgada a la seguridad para evitar su fuga y el control total del preso, hacen que las actividades en la prisión, además de inestables, carezcan de interés para el mismo.

Los recintos carcelarios suelen ser un lugar desagradable, donde las personas se encuentran hacinadas en un espacio minúsculo y sucio, sin apenas equipamiento que permita “matar el tiempo” con alguna ocupación. En estas condiciones, pasear o estar sentado son las únicas alternativas. Esta situación afecta al preso, y lo hace de varias maneras, ya que el estar muchas horas cada día, durante años, sin hacer nada, produce una enorme sensación de vacío, de pérdida de tiempo, de frustración y de deterioro de la imagen de sí mismo.

Esta sensación de vacío lleva a un estado permanente de ansiedad, que aumenta por tener demasiado tiempo para pensar, aunque más que pensar lo que hace es dar obsesivamente vueltas a la misma idea, acerca de lo irremediable de su situación, lo que conduce a un fatalismo que le impide encontrar salida a una situación fuera de los muros de la prisión. Este alto nivel de ansiedad aumenta el riesgo de caer en la drogadicción. Y si cae en la droga, cae también en las redes de la droga, con lo que se va a ver irremediablemente sometido al sistema de funcionamiento alternativo de la cárcel. A partir de esto el preso pierde totalmente el poco margen de decisión y de libertad de que disponía. Toda su vida se va a estructurar en función de la droga y de lo que la droga implica en la cárcel.

Al mismo tiempo, como en la prisión todo está preestablecido, y el recluso apenas tiene ninguna influencia sobre las decisiones que toma sobre él, acaba adoptando una actitud pasiva, esperando que las cosas “le vengan dadas”. Esta situación desemboca en una auténtica delegación de la responsabilidad de propia vida en el entorno institucional. Se convierte en un apático, porque es una buena manera de sobrevivir, y porque aunque lo intente rara vez conseguirá modificar el destino.

Cuando salga en libertad, esta ausencia de responsabilidad será una de las conductas desarrolladas en prisión que más va a perturbar las posibilidades de aprovechar las pocas oportunidades que se le ofrezcan. Sin ningún tipo de preparación, el individuo pasa de la cárcel, donde se le dice todo lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, a la situación de libertad en la que ha de tomar sus propias decisiones, planificar y dirigir sus propia vida, a menudo sin ayuda, con un sistema de funcionamiento completamente distinto del que estaba acostumbrado en la cárcel y con fuertes impedimentos.

Todo esto es lo que significa hoy el sistema carcelario en el Uruguay, sistema que no sólo no cumple los cometidos de “reeducación” y “reinserción” de los individuos en la sociedad sino que solo es utilizado como mortificación y en los hechos sólo resulta en el aislamiento definitivo de las personas y su condena al mundo de la delincuencia.

No se pueden resolver los problemas de inseguridad sin atacar de raíz el problema carcelario. Y mucho peor aún resulta la idea de enviar a éstas cárceles a los adolescentes de entre 16 y 18 años, ya que no solo no soluciona el problema general, sino que más grave aún: se los estará condenando definitivamente a la marginación y la exclusión social.

La lucha contra la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad penal

Sería infeliz tratar este tema y nuestro posicionamiento como militantes sociales de forma aislada, al margen de la realidad. El sistema capitalista genera constantemente marginación, destruye crisis tras crisis medios productivos y expulsa a trabajadores a las zonas periféricas, generando una superpoblación relativa para mantener a raya los salarios.

El régimen del trabajo asalariado produce una dependencia unilateral, las clases dominantes necesita a la clase trabajadora para obtener plusvalor, pero también es esta clase la que pone en peligro el sistema de producción actual basado en la propiedad privada.

Para mantener los privilegios que existen en nuestro país, las clases dominantes además de todo el poder ideológico se valen de la violencia organizada hacia los sectores que los pueden poner en peligro como son los marginados, los menos beneficiados de la situación actual. Tomemos como ejemplo de lo anterior los megaoperativos en las “Zonas Rojas”, recordemos también los luchadores sociales los procesados por el delito de asonada. La juventud organizada es considerada también un posible peligro, y lo constatamos el año pasado con la infiltración de agentes de inteligencia en la marcha por los mártires estudiantiles.

La lucha contra la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad penal es justa, pero es aún más justa cuando la enmarcamos en la lucha contra un modelo que mientras ofrece regalías a los más pobres, entrega el país al “mejor postor” y se prepara para usar la violencia a través del Estado para contener todo intento de cambio. Tenemos que enfrentar está propuesta consecuentemente con profundidad y amplitud, aunque quedemos solos los militantes sociales por los cálculos electorales de los partidos políticos, es necesario tener como prioridad esta batalla en este año.

Fuentes
– Documento del CEUP, “No a la baja”, Convención de la FEUU 2013.
– Johny Merchán Mina, “Actividad física y deportiva como estrategia funcional y aplicada en la rehabilitación social de adolescentes infractores”.

 

A los compañeros N°1, Febrero 2014.

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