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A la derecha que hay lugar…

Los gobiernos del Frente Amplio (FA) están dentro del marco de gobiernos progresistas de América Latina,   los cuales ascendieron al poder en correspondencia con el agotamiento de las políticas neoliberales puras que no lograron resolver la crisis de fines de los 90’ y principios de siglo. Los primeros dos gobiernos del FA coincidieron con la elevación de los precios internacionales de varias materias primas, y con ello orientó la política económica a cimentar la inserción del Uruguay en el mundo como un productor de productos primarios.

Al mismo tiempo fomentó la Inversión Extranjera Directa (IED) tanto para obras de infraestructura y algunas ramas industriales que permitiesen exportar las materias primas a bajo costo, incluida la compra directa de tierras y empresas de capitales otrora nacional.

Esa  agresiva  llegada  del  capital  internacional  provocó  un  crecimiento  del  PBI  que  se exhibió como manifestación de las bondades del capitalismo como sistema y de las inversiones extranjeras, y en el caso de estos gobiernos, como expresión del “desarrollo independiente”.

Pero desde fines de 2014 la economía mundial está cambiando rápidamente, debido al avance de China y fundamentalmente a la recuperación económica de EEUU y los principales países de la Unión Europea.

Con esto, los ingresos de la economía del país disminuyen, tanto porque bajan los precios de las materias primas como porque disminuye la inversión extranjera.

Los precios de las materias primas disminuyen debido a que los compradores son las multinacionales, con casas matrices radicadas en los países poderosos y tienen la capacidad de fijar las reglas e incidir en los precios ahora que se recuperan de la crisis. A su vez la inversión extrajera disminuye porque al mejorar las economías centrales el capital se desplaza allí donde es más redituable, y porque la enorme cantidad de capitales que llegaron en la última década provoca saturación que hace disminuir la ganancia posible.

Como resultado de la “década progresista” nuestro país se ha insertado al mercado mundial como productor de materias primas, las políticas económicas han aumentado su dependencia y subdesarrollo; en un proceso que ha tendido hacia la enajenación de los bienes nacionales y la expansión del capital financiero en toda la plaza nacional; y que hoy además no ofrece una solución a la crisis que se avecina.

El nuevo gobierno que asumió el 1° de marzo lo hizo previendo la desaceleración de la economía,  pero las soluciones que se propone son para preservar los beneficios del capital y cargar los costos sobre las espaldas de los trabajadores.

El FA prometió durante la campaña electoral modificar el IRPF, pero al momento de hacerlo, el proyecto que el poder ejecutivo envió al parlamente no hace ninguna redistribución real, y se limitó a excluir el aguinaldo y el salario vacacional del cálculo.

Por su lado, el PIT-CNT envío una propuesta alternativa al parlamento, donde proponía que los trabajadores comprendidos entre la primera y segunda franja (entre $ 21.364 y $ 30.520) no paguen el IRPF por aguinaldos y salarios vacacionales. Además, suponía que las personas que tengan sueldos superiores a $ 152.600 sean excluidos del beneficio de liquidar por separado el salario del vacacional y del aguinaldo.

Sin embargo el gobierno dio la orden de votar su proyecto e ignoro la otra propuesta.

Todo se basa en discursos de “cautela” debido a que “la situación económica internacional ya no es ni será tan favorable” en palabras del Ministro de Economía. Estos eufemismos para negarse a modificar el IRPF de manera sustancial no significan otra cosa que en tiempos de crisis, las consecuencias de la misma se trasladen hacia los trabajadores, puesto que por “la situación internacional” los empresarios disminuirán sus ganancias y a esos pobres desgraciados no se les puede pedir que paguen impuestos y financien al estado, pero a los trabajadores sí.

Como bajan el nivel de inversión y el precio de las materias primas, el gobierno prevé desaceleración de la economía y habla de no perder competitividad

Pero la competitividad, es un concepto que los capitalistas utilizan cuando buscan bajar costos, que en la situación actual de nuestro país significa bajar el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Esto se realiza indirectamente ajustando los aumentos por debajo de la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de la clase trabajadora. (En las últimas rondas de consejos de salarios la postura del MTSS fue ajustar no más de 3%, menos que la inflación). Y más recientemente el gobierno dejo entrever que maneja como plan la desindexación salarial, es decir, dejar de ajustar los salarios según la inflación, lo que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En la política internacional del gobierno, salió a la luz  y con fuerza la negociación por integrar al Uruguay al tratado TISA, un tratado que impone condiciones de liberalización de servicios, donde dentro del concepto de servicios se incluyen la educación, la salud y la infraestructura.

Un tratado que funciona en una lógica donde si un país quiere excluir un servicio debe colocarlo en una lista determinada, y todo lo que no se menciona en dicha lista pasa a ser considerado integrante del acuerdo y los países se ven obligados a liberalizarlo.

Además del riesgo evidente en la educación, donde por ejemplo el estado debería dar igual tratamiento a privados y públicos, se incluyen temas estratégicos para el desarrollo nacional como la generación de energía y la infraestructura. En ambos casos el ingreso al TISA permitiría que empresas privadas internacionales participen de mercados que hoy son estatales.

El TISA es la estrategia actual del imperialismo para tener el control económico del mundo y para asegurarse el funcionamiento de la economía mundial de acuerdo a sus intereses, es decir, del interés de las multinacionales. Firmar el TISA significa cimentar aún más el rol que el gran capital le asigna a nuestros países, es decir, aumentar nuestra dependencia.

Pero para entrar al TISA se requiere de la anuencia de los EEUU, por eso el gobierno no ha escatimado en dar señales favorables a ese país en su política internacional, en lo que ha sido un intercambio mutuo de favores, desde “ayudar” a desocupar la inhumana cárcel de Guantánamo hasta el voto de EEUU para que el ex canciller Almagro sea presidente de la OEA.

Pero el punto culmine de la política de genuflexión hacia EEUU fue la posición del Gobierno uruguayo con respecto a la situación de Venezuela, donde ha manifestado no compartir “algunas políticas del gobierno venezolano” y el canciller Nin Novoa llegó a comparar a la Venezuela de hoy con la dictadura fascista que nuestro país vivió hace poco más de 30 años.

Yendo a los temas de la educación, el gobierno tomó dos medidas concretas. La primera fue marcar que controlará fuertemente a la ANEP (donde posee por designación directa mayoría en su consejo directivo) y designó de forma directa a los directores de los consejos desconcentrados (primaria, secundaria, utu, formación docente) desoyendo los planteos de los delegados docentes y los gremios que tienen detrás.

Lo segundo fue definir que no habrá en este periodo una Universidad de Educación (UNED), decisión justificada en “la situación económica negativa que se viene”.

En sus primeros tres meses, el gobierno y en particular el ministro de economía han sido consultados reiteradas veces por la prensa sobre el presupuesto para la educación. En cada nueva declaración van dejando claro que no está en sus planes aumentar el presupuesto de la ANEP y la UdelaR y mucho menos llegar al 6% del PBI.

El nuevo gobierno del Frente Amplio, ya en sus pocos meses de ejercicio, consolida su orientación neoliberal en la economía y en la inserción internacional; en todos los planos se observa una derechización, y dada la situación mundial actual, una tendencia al ajuste.

Son los gremios de la educación los que han ido rompiendo más firmemente con el statu quo del movimiento popular que aún vacila en enfrentar al gobierno. Esto les ha costado duros golpes por parte de los gobernantes, se los ha estigmatizado, y es por ello que el gobierno habla principalmente de cautela en el gasto cuando se refiere a educación, ya que es desde ahí donde vendrán los reclamos más fuertes.

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