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El Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos ante la coyuntura política nacional

Setiembre 2015

El resurgir del movimiento estudiantil

Después de más de una década de pasividad, el movimiento estudiantil empieza poco a poco a tomar protagonismo en la escena social. La distintas ocupaciones, tanto en los servicios universitarios como en los liceos, encabezadas por estudiantes organizados, las masivas movilizaciones del 17 de junio, del 14 de agosto y del 27 de agosto, las distintas actividades en la calle, dan muestra de un estudiantado que se levanta.

Los estudiantes de la educación media han entrado con fuerza en la lucha presupuestal, están recuperando los grados de movilización que tanto los ha caracterizado, y paulatinamente desbordan las estructuras y ciertas conducciones que artificialmente los querían mantener en un estado residual de actividad.

A nivel de la FEUU también se avanzó en las medidas, y se ocuparon los servicios de Ingeniería, Odontología, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Humanidades, Medicina, el Instituto de Comunicación de la FIC, Ciencias Sociales y esta semana lo hará Psicología. Esto ha despertado el rechazo de la derecha tradicional, que desde sus organizaciones estudiantiles y desde su prensa han atacado estas medidas.

El movimiento estudiantil se va reanimando, van en aumento los grados de organización y movilización, más allá que gran parte del estudiantado esté expectante, se ha vuelto mucho más receptivo a las propuesta de lucha. Es nuestro deber, trabajar y luchar, para que se consolide la insurgencia estudiantil.

Estado del conflicto

Hoy podemos decir que el movimiento de gremios y sindicatos de la enseñanza se encuentran en un momento de iniciativa política, tanto en las reivindicaciones como en las acciones. Estas reivindicaciones no son sólo referidas a temas educativos sino que también desarrollan la crítica a la política económica.

A la lucha del movimiento estudiantil, se le suma la protagonizada por los profesores de secundaria, los maestros y los funcionarios de todos los niveles. Esta confluencia, que hace muchos años no se visualizaba con claridad es hoy motivo de una reacción por parte del Ejecutivo que ve erosionar su base política-social.

En este marco, con movilizaciones importantes se ha venido posicionando el movimiento sindical en la educación de cara a la negociación de convenios salariales.

El viernes 21 de agosto, se presentó por primera vez un texto que debía servir de base para la negociación colectiva. Este texto fue modificado a lo largo de 7 horas de reunión, y se firmó finalmente un acta que planteaba la necesidad de elevar a los espacios resolutivos respectivos el acuerdo planteado.

Dicho acuerdo plantea fundamentalmente tres puntos que consideramos negativos:

  • Compromisos de gestión: El establecimiento de estos compromisos trastorna la forma de enseñanza, en tanto se aplican indicadores para medir la “eficiencia” y “productividad” que poco tienen que ver con el proceso de aprendizaje y que condicionan el actuar de los docentes. Se plantea una reforma en la estructura docente que no ha sido discutida, y puede tener una incidencia importantísima en la rebaja de la calidad académica.

  • Cláusula de Paz: Si bien muchos convenios salariales han implicado cláusulas de paz, no es algo que deba considerarse correcto. El estado del movimiento sindical y la lucha de clases puede hacer que se avance más en un futuro, y no se debe comprometer el desarrollo de la lucha.

  • Salario: Si bien los sindicatos han hecho énfasis en que este no es el único punto, es sin dudas prioritario. Lo planteado presenta un aumento de la mitad de lo solicitado, que finalmente no permite la dedicación completa en un trabajo sino que mantiene el multiempleo, además de estar vinculado a resultados de gestión, antigüedad y otros que modifican la estructura docente de costado.

El cese de las negociaciones se da desde el establecimiento del decreto de esencialidad. Este implica la ruptura de las mismas por parte del gobierno. Es importante recalcar esto, pues el gobierno se ha empeñado en denunciar al movimiento popular por movilizarse. La declaración de esencialidad es una medida represiva, que rompe con el movimiento obrero en su conjunto, incluso con los sectores conciliadores del Frente Amplio.

Ante esta medida, resurge la unidad del movimiento obrero, la unidad en la lucha. De no estar en juego la educación y cientos de miles de trabajadores, es difícil pensar que la respuesta hubiera sido tan dura. Es importante recalcar que el decreto vino de Presidencia, ni el “compañero” Murro (Ministro de Trabajo) ha intentado detener realmente el decreto, ni Danilo Astori lo ha impulsado. Es Tabaré Vázquez (que planteó “no me dejen solo” en el último congreso del PIT-CNT) quien impulsa el decreto y todo representante del gobierno que permanece en su cargo a pesar de este tipo de medidas se convierte en cómplice.

No hay disputas internas, ni gobiernos en disputa. Hay lucha de clases, y en este marco, un gobierno cómplice de la burguesía, que reprime las libertades sindicales.

Una semana después, el gobierno levanta el decreto luego de una nueva reunión con las dirigencias de los sindicatos. De allí emana una nueva acta de acuerdo que las asambleas debieron considerar. Cabe destacar que la respuesta a esta medida reaccionaria del gobierno, fue la multitudinaria marcha del 27 de agosto, donde más de 70 mil personas repudiaron el decreto y exigieron se cumplan las promesas electorales, así como la resistencia del conflicto por parte de los sindicatos de la enseñanza y los gremios estudiantiles y no docentes.

Sin embargo, a pocos días del levantamiento del decreto, los gremios de la enseñanza levantaron sus medidas, retomando los ámbitos de negociación. De todas formas, nuevamente el ejecutivo, acudiendo al autoritarismo y la prepotencia que lo caracteriza, planteó a los maestros y docentes, que o bien aceptan el acuerdo como está o bien el dinero destinado a aumento de salario se destinará a otros rubros.

Sobre el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo

El proyecto elevado por el ejecutivo al Parlamento presenta cifras absurdas para la Universidad, y no plantea una hoja de ruta sobre cómo se piensa llegar al 6% para la educación que tanto se prometió y mucho menos el 1% para investigación y desarrollo, o los 100 millones de dólares que se anunciaron para las obras del Hospital de Clínicas.

Para empezar, el proyecto tiene incrementos a 2 años y no para todo el quinquenio. Se argumenta para ello que la incertidumbre de la actividad económica del país no permite predecir el gasto a 5 años, lo cual complica significativamente la planificación del uso de los recursos en la institución.

Cualquier plan de desarrollo que se plantee la Universidad implica una planificación de más de 2 años, por lo que no saber si se cuenta con más dinero luego es muy preocupante. La decisión de inaugurar nuevos edificios para los años 2018 y 2019, la formación de estudiantes de posgrado en el extranjero y su posterior retorno, así como la realización de investigaciones de largo aliento se planifican a largo plazo teniendo en cuenta los recursos seguros en todos esos años. Lo que implica el oxímoron “presupuesto quinquenal a dos años”, innovación literaria del Poder Ejecutivo, es una paralización de las actividades proyectadas para un mediano y largo plazo. Este presupuesto nos condena al cortoplacismo, a imagen y semejanza de los ciclos bursátiles de la soja y la celulosa.

Por otro lado, el proyecto elimina el artículo de “ajuste por IPC” de las remuneraciones a lo largo del período, lo que implica que las remuneraciones salariales no se incrementarán acompañando la inflación a través de una Ley, sino por lo que se negocie en los consejos de salarios, esto da lugar a un rebaja en las expectativas de los trabajadores al tener que movilizarse no ya para lograr un incremento del salario real sino para mantener el poder adquisitivo. La eliminación de este artículo, que resguardaba de la carestía a los trabajadores para los próximos cinco años no es inocua, está en sintonía con lo sugerido por el FMI y por algunos actores del Ministerio de Economía, de ir hacia una  desindexación de los salarios, esto es, desligar el incremento de salarios a la suba general de precios.

En la misión del FMI que visitó nuestro país a principios de año, se expresó que “la reducción de la indexación de los salarios por inflación pasada es fundamental para disminuir la persistencia” de la suba de precios y “bajar el costo de la desinflación” ante lo cual, las pautas “del gobierno de fijación de salarios para las rondas de negociación de 2015 y 2016 deben únicamente recomendar contratos (de ajustes) nominales”.

Otro aspecto muy negativo, es que se incluyen compromisos de gestión que la institución está obligada a firmar con el Poder Ejecutivo, y cumplirlas para poder acceder a las partidas presupuestales. Esto atenta directamente contra la autonomía de dos formas: la primera porque se asigna dinero solamente en algunos programas específicos. Y segundo porque según sean los resultados de ese gasto, se podría acceder a más fondos públicos en el futuro.

Con respecto a lo que tiene que ver la asignación presupuestal según los proyectos transversales, son aquellos que promovimos como tendencia dentro de la Federación los que a priori recibirán incremento cero. Esto implica que no habría un vigoroso Plan de Becas de la Universidad, que no sería posible erradicar los cupos de las carreras, y no se podrían duplicar los turnos. No habrían tampoco nuevas obras más allá de las ya presupuestadas en el quinquenio anterior, lo que no permitirá atender la demanda creciente de estudiantes que desean ingresar a la Universidad. Asimismo, si miramos las cifras incrementadas para el Hospital de Clínicas, las mismas representan cerca del 10% de lo que necesita el Hospital para mantenerse actualmente. Esto sumado a la postergación presupuestal del quinquenio anterior deja al Clínicas en una situación por demás complicada.

A pesar de los bombos y platillos con los que el gobierno anunció el plan de inversiones de infraestructura para este quinquenio, por un monto de doce mil millones de dólares, esto no se ha reflejado en las partidas de obras de la Universidad, que recibiría cero pesos de incremento para obras nuevas y mantenimiento de los edificios existentes, negando también recursos para las obras de refuncionalización del Hospital de Clínicas, que atiende cerca del 40% de los pacientes del subsector público del área metropolitana.

Estos números dan cuenta que poco le importa a este gobierno la Educación y la Salud Pública, que los discursos electorales fueron únicamente para asegurar votos y que frente a la necesidad concreta presentada por la Universidad, el ejecutivo nuevamente da la espalda. En cambio, sí hay dinero para mejorar las carreteras y puertos que permitan exportar la soja y el ganado en pie, y sí hay dinero para exonerar de impuestos la ampliación de la red celular de MOVISTAR y la nueva sucursal del Discount Bank en Punta del Este.

Es imperioso denunciar esta estafa presupuestal, y dejar en claro que no se trata de un escenario de “cautela” como nos quieren hacer creer.

Que en nuestro país se exoneran impuestos a los inversores, se deja de recaudar por exenciones fiscales a grandes empresas, se permite la exportación de productos y servicios a través de las Zonas Francas con ningún impuesto asociado. Ahí están los recursos para invertir en Educación, Salud y Vivienda. Ahí están los fondos públicos que se deben destinar en favor de los menos privilegiados.

Pongamos este debate sobre la mesa: ¿quién se está beneficiando con las definiciones políticas del gobierno, el pueblo o los capitalistas?

Este miércoles 9 de setiembre tendremos una nueva cita para seguir reclamando lo que es justo en la calle: ¡el 6% para ANEP y UDELAR YA!

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