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¿Quién paga el ajuste?

El pasado lunes 23 de mayo el gobierno anunció medidas para combatir el déficit fiscal del estado a las que llamó “Medidas para la consolidación fiscal”, un verdadero eufemismo para expresar un ajuste fiscal que recaerá sobre el pueblo trabajador.

Las medidas que ya se vienen aplicando

Lo primero es indicar que las medidas para descargar los costos de esta crisis comenzaron en el 2015 ante la baja del nivel de inversión y del precio de las materias primas. En el inicio de la desaceleración económica se instaló el discurso de “no perder competitividad” a nivel internacional y “mantener el crecimiento”. Estos son conceptos que las clases dominantes utilizan cuando buscan incrementar la extracción de plusvalía absoluta, esto es bajar el precio de la fuerza de trabajo (los salarios).

La estrategia del gobierno para ello fue desindexar los salarios, es decir, desligar el ajuste de salarios a la evolución del Índice de Precios al Consumo, y proponer aumentos salariales por debajo de la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. La segunda acción clave fue el presupuesto nacional, votado por primera vez en la historia para medio período, con promesas de que en 2017 de “reajustará” para alcanzar lo que se prometió en la campaña electoral (como el 6% del PBI para la educación). Pero en los hechos el presupuesto quinquenal significó una reducción del gasto público en relación al PBI.

A comienzos del 2016 se dio un nuevo avance sobre los intereses de la clase trabajadora uruguaya, se contuvo artificialmente el valor de la inflación (destinando miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central para mantener el tipo de cambio), de manera de limitar los aumentos salariales del nuevo año, para una vez llegado enero aplicar la primer parte del ajuste: se aumentaron las tarifas públicas, se dejó libre la cotización del dólar subiendo éste más de un 10%.

En un país de economía primarizada como el nuestro, donde gran parte de los artículos de consumo son importados, el aumento del dólar tiene un impacto directo sobre el costo de vida de la población. El valor oficial de la inflación cerró en 9,44% y fue el número tomado como base para los aumentos salariales, hoy la inflación está en 10,4% con proyecciones de aumento. Esto significa una disminución del salario real y de la masa salarial en el total del ingreso nacional, es decir, de la parte de la torta que es apropiada por los trabajadores, acentuando la desigualdad en el reparto entre el capital y el trabajo.

Las nuevas medidas anunciadas

El gobierno planea aumentar el IRPF a partir de los salarios nominales de $33.400, con un aumento que no es progresivo hacia las franjas superiores ya que en todas es de 3 o 4 puntos porcentuales. Envuelve esta propuesta bajo un discurso de que “pagarán más los que tienen más” y que esta medida no afectará al 60% de la población.

Teniendo en cuenta que el valor de la canasta básica familiar supera los $65.000, hacemos las siguientes apreciaciones:

    -Se reconoce que el 60% de los uruguayos tiene un sueldo que apenas alcanza media canasta básica familiar.
    -Es claro que no se puede decir que quienes perciben sueldos de $33.400 están entre “los que tienen más”.

Es falso que paga más quien tiene más

El IRPF es un impuesto que “redistribuye” solo entre los asalariados, mientras que las ganancias al capital no son afectadas. Se proponen algunas medidas para poder decir que sí se están tocando esos impuestos, pero son meramente instrumentales:

-El IRAE mantiene la reducción a un 25% y sigue siendo solo la quinta parte de la recaudación del estado.
-No se modifica ninguna tasa del impuesto al patrimonio.
-No se cambian las exenciones y devolución de impuestos a la inversión, ni se reveen las exoneraciones que se realizan mediante la ley de inversiones.
-No se afectan los beneficios fiscales de las zonas francas.
-No se gravan las rentas agrarias extraordinarias.
-No se tocan las transferencias al exterior de intereses, utilidades y dividendos, en particular de  las multinacionales asentadas en nuestro territorio.

Mediante la ley de inversiones se devuelve IRAE entre el 60% y el 100% del monto invertido, el último porcentaje se aplica a inversiones superiores a 59 millones de dólares. En el Impuesto al Patrimonio se exoneran por toda la vida útil los bienes muebles para activo fijo y por ocho años sobre obras civiles. También son exonerados las tasas o tributos a las importaciones y se devuelve el IVA en régimen de exportadores para las compras en plaza de materiales y servicios destinados a obras civiles. Las exoneraciones a las zonas francas rondan los 309 millones de dólares por IRAE y 89 millones de dólares por Impuesto al Patrimonio.

Se plantea como un paliativo la medida de reducción de 2% del IVA, sin embargo esto aplica sólo para quienes paguen con tarjeta, es decir que si no se utilizan medios plásticos el precio al consumo no baja, y a su vez el débito en la cuenta del comprador es instantánea pero no se acredita al comercio vendedor en ese momento, y los bancos a su vez se quedan con la comisión. Muchos pequeños comercios no pueden financiar esta medida, lo que empuja a los consumidores hacia las grandes superficies acelerando la concentración de capital. Sumado a esto las familias de bajos ingresos como los peones rurales, las trabajadoras del servicios doméstico y el 25% de los trabajadores no registrados no tienen plásticos, por lo que no obtendrán ninguna reducción del IVA. La llamada ¨Inclusión Financiera¨ es un eufemismo para expresar el alto incremento de los ingresos de la banca, y particularmente de la banca privada que al día de hoy se encuentra completamente extranjerizada.

Por último el gobierno propondrá en la rendición de cuentas postergar parte del presupuesto aprobado en 2016, el cual fue muy insuficiente en varios rubros y llevó a los conflictos como el de la educación.
Hoy se propone parte un 10% del aumento votado en la ley de presupuesto para el 2017 se postergue para 2018. Ese 10% de aumento postergado incluye:

  • 455 millones de pesos para salud.
    • 350 millones de pesos de ASSE
    • 55 millones de pesos para el hospital de clínicas
    • 50 millones de pesos para las unidades docentes asistenciales (UDAS)
  • 200 millones de pesos para INAU
  • 1437 millones de pesos para educación
    • 793 millones de pesos para ANEP
    • 100 millones de pesos para UTEC
    • 544 millones de pesos para UDELAR.

Esto significa que para el 2017 se reducirán del presupuesto 2.092 millones de pesos para la educación y la salud pública, afectando a la población que hace uso de eso servicios que difícilmente pueda decirse que sean de “los que tienen más”.

Estas medidas dan cuenta que poco importa al gobierno la Educación y la Salud Pública, que los discursos electorales fueron únicamente para asegurar votos. En cambio, sí hay dinero para mejorar las carreteras y puertos que permitan exportar la soja y el ganado en pie, y sí hay dinero para exonerar de impuestos a las empresas extranjeras.

El gobierno se fija como objetivo reducir el déficit del estado en un valor equivalente al 1% del PBI, es decir unos 460 millones de dólares, sin embargo las medidas que propone no afectan lo que se exonera de pagar impuestos al capital, que supera los 1.800 millones de dólares, el rumbo del gobierno está claro.

Es imperioso denunciar este ajuste fiscal, y dejar en claro que en nuestro país se exoneran impuestos a los inversores, se deja de recaudar por exenciones fiscales a grandes empresas, se permite la exportación de productos y servicios a través de las Zonas Francas sin ningún impuesto asociado. Ahí están los recursos para invertir en Educación, Salud y Vivienda. Ahí están los fondos públicos que se deben destinar en favor de los menos privilegiados.

Es hora de poner el debate sobre la mesa: ¿quién se está beneficiando con las definiciones políticas del gobierno, el pueblo o los capitalistas? ¿Qué tareas debe emprender el movimiento popular para enfrentar estas medidas?

Llamamos a todos los uruguayos honestos a denunciar este ajuste al pueblo trabajador y a salir en la lucha por mejores condiciones de educación, salud y trabajo.

MÁS IMPUESTOS AL CAPITAL Y MENOS AL TRABAJO!!
QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO !!

FRENTE DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL – SUSANA PINTOS

1 Comment

  1. REINALDO DE LUCCA

    Excelente Articulo!, sería oportuno realizar un pequeño proyecto audiovisual que se viralise para que la gente lo vea y entienda mas el problema; abrazo fraterno, abrazo de lucha y reivindicación!.

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